jueves, 11 de marzo de 2010

Comisionados del SNTE cobran dinero para maestros que no son maestros

Uno de los mayores problemas es la falta de acceso a la información que existe en nuestro país. El gobierno federal otorga dinero a los estados para que se invierta en educación pero no sabemos en donde termina como este caso de Quintana Roo en donde se ven involucrados 46 millones de pesos que se pagaron a comisionados del SNTE y a maestros que no eran maestros. Necesitamos conocer el padrón de maestros para evitar el desvió de presupuesto a la educación y pedir una rendición de cuentas a nuestros gobernantes.

Esta nota aparecio en el periodico La Jornada el pasado 7 de marzo de 2010 y la firma Hugo Martoccia:

REVELAN PAGOS ILEGALES DEL GOBIERNO DE QUINTANA ROO A COMISIONADOS DEL SNTE EN 2008

Cancún, QR, 6 de marzo. El gobierno del estado deberá rembolsar a la Secretaría de Hacienda más de 46 millones de pesos destinados en 2008 al sector educativo estatal, los cuales fueron desviados al pago de docentes comisionados a la sección 25 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), determinó la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

La instancia federal, según consta en el Informe de Resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública, entre otras anomalías detectó pagos improcedentes por 46 millones 88 mil pesos para 176 profesores de 90 centros de trabajo, comisionados a la sección 25 del SNTE “sin goce de sueldo.

La ASF concluyó que tales erogaciones fueron irregulares, por lo que formuló un pliego de observaciones en las que presume un probable daño, perjuicio o ambos contra la hacienda pública federal, por el monto señalado, más intereses.

Tras el dictamen, el gobierno quintanarroense deberá devolver el dinero, independientemente de las responsabilidades que se tipifiquen conforme a lo dispuesto en leyes de ámbitos distintos al procedimiento administrativo.

Además, según la ASF, también hubo pagos adicionales por 4.3 millones de pesos para 32 docentes que simultáneamente desempeñaron un cargo de elección popular (un alcalde, dos síndicos, 28 regidores y un diputado), lo cual está prohibido por la legislación federal; pero en ese caso el gobierno estatal ya devolvió la suma y 160 mil pesos de intereses.